La sobreeducación, un fenómeno en boga

Cada vez es más común escuchar la palabra “sobreeducación” en conversaciones sobre empleo juvenil, migración calificada y políticas de educación superior. El fenómeno no es nuevo —la literatura académica lo estudia desde hace más de cuatro décadas—, pero la expansión acelerada del acceso a la educación superior en América Latina, junto con mercados laborales que no siempre generan puestos acordes a esa expansión, lo ha vuelto un tema cada vez más presente en la discusión pública.

¿Qué entendemos por sobreeducación?

En términos simples, un trabajador está sobreeducado cuando su nivel de instrucción formal supera el que su ocupación requiere objetivamente. La forma más utilizada para medirlo en la literatura empírica es el método ORU (Overeducation-Required-Undereducation), propuesto originalmente por Duncan y Hoffman (1981), que compara los años de escolaridad de cada trabajador con los años típicamente requeridos por su ocupación, usando esa brecha para estimar tanto la incidencia del fenómeno como su efecto sobre los salarios.

Por qué se ha vuelto un fenómeno “en boga”

Varios factores confluyen. Primero, la masificación de la educación superior: en las últimas décadas, la región amplió significativamente el acceso a la universidad, pero la estructura productiva no siempre generó, al mismo ritmo, ocupaciones que demanden esas calificaciones. Segundo, la llamada inflación de credenciales: cuando un título deja de ser un diferenciador escaso, los empleadores elevan los requisitos formales de puestos que objetivamente no los necesitan, usando el título como filtro de selección más que como requisito técnico. Tercero, la pospandemia aceleró la digitalización del trabajo y la búsqueda de empleo, lo que visibilizó con más claridad las brechas entre la oferta de profesionales y la demanda efectiva de las empresas.

Marcos teóricos en disputa

La teoría del capital humano clásica sugiere que toda educación es productiva y que la sobreeducación, si existe, es un desajuste transitorio que el mercado corrige con el tiempo, a medida que los trabajadores rotan hacia empleos mejor asignados. Frente a esa visión, los modelos de competencia por puestos (job competition) y de asignación (assignment models) sostienen que los empleos son relativamente fijos en el corto plazo y que el exceso de oferta de personas calificadas genera una “fila” en la que los más educados desplazan a los menos educados hacia abajo en la escala ocupacional, independientemente de si el puesto requiere esa calificación. La teoría de las señales, por su parte, plantea que el valor de un título está en la información que transmite sobre la capacidad del individuo; cuando el título se vuelve común, pierde poder de señalización y los empleadores exigen credenciales adicionales para distinguir candidatos.

Consecuencias económicas

La evidencia empírica internacional, usando variantes del método ORU, tiende a encontrar que los trabajadores sobreeducados ganan menos que sus pares con el mismo nivel educativo que sí están bien asignados a su ocupación, aunque generalmente ganan más que quienes tienen la educación “correcta” para ese mismo puesto. A esa penalización salarial se suman efectos sobre la satisfacción laboral, la rotación y, en casos de migración calificada, el fenómeno conocido como “desperdicio de cerebros” (brain waste), cuando profesionales altamente formados terminan en ocupaciones muy por debajo de su calificación en el país de destino.

Una agenda de investigación abierta para la región

En Ecuador y en gran parte de América Latina, la pregunta sobre sobreeducación está lejos de cerrarse: la expansión reciente del acceso a la educación superior, combinada con estructuras productivas que aún dependen en buena medida de sectores de baja productividad, plantea un terreno fértil para investigación aplicada rigurosa antes de sacar conclusiones de política. Medir bien el fenómeno —con metodologías como ORU aplicadas a microdatos de encuestas de empleo— es el primer paso necesario para diseñar respuestas de política educativa y laboral que no se basen en percepciones, sino en evidencia.